Informe elaborado por María Luisa Delgado para CAS Madrid. Junio 2009.

La sanidad francesa es considerada por la OMS una las primeras del mundo por la calidad de sus prestaciones. Sin embargo, las desigualdades sociales en materia de salud, la saturación de los hospitales, la fragmentación del sistema sanitario y el déficit de la Seguridad Social exigían una reforma a la que el Gobierno francés ha respondido con el Proyecto de ley «Hospital, salud, pacientes y territorios» (projet de loi «Hôpital, santé, patients et territoires»- HPST): «Ley Bachelot» (por la ministra r. Bachelot-Narquin). El Gobierno considera que los hospitales están aquejados de un “problema de organización" (y no de “falta de medios”). Pretende racionalizar la asistencia, gestionar mejor la demografía médica y hacer que evolucione la medicina privada, de la lógica individual de los médicos liberales a una organización más colectiva, siguiendo el modelo de los "centros de cuidados", necesario en el medio rural. Pero el proyecto de ley pasa por alto algo esencial: las desigualdades en materia de salud, y se embarca en una privatización de los hospitales que desembocará en una medicina de dos velocidades, que sólo beneficiará a los pacientes con una economía desahogada.

No toma medidas para aumentar el número de profesionales de la salud ni para imponer una repartición equilibrada por todo el territorio. Para adaptar mejor las políticas sanitarias a las necesidades de cada territorio, la Sra. Bachelot propone la creación de Agencias Regionales de Salud (ARS), que deberán coordinar los hospitales, las consultas privadas y la medicina social. Refuerza el autoritarismo y el centralismo, ya que todas las decisiones serán tomadas por estas superagencias, tuteladas directamente por el Estado, desde la misión de los directores de hospital hasta el funcionamiento de los servicios, con exigencias de rentabilidad, y que permitirán la transferencia de las actividades y la financiación del hospital público hacia los sectores privado lucrativo (clínicas privadas), liberal (casas médicas) o de medicina social (geriatría, psiquiatría). En numerosos países occidentales, el poder en los hospitales está claramente en manos de gestores. En Francia, hasta ahora, había habido una especie de compromiso entre el director y los médicos, y, por otra parte, también había otra instancia de recurso: el consejo de administración, presidido generalmente por el alcalde del municipio. La nueva ley quiere dar todos los poderes al director del hospital, nombrado y revocado por el director de la Agencia Regional de Salud (una especie de prefecto sanitario), que, a su vez, es nombrado y revocado por el Consejo de Ministros. Este director podrá no tener ninguna competencia médica o sanitaria, pero será el que tome las decisiones sobre el proyecto médico del hospital y el que nombre y revoque a los médicos responsables de las estructuras asistenciales. Junto al director habría un directorio médico compuesto por entre siete y nueve médicos, que, aun siendo mayoritario, no tendría derecho de voto y cuyos miembros podrían ser destituidos de un día al otro por el presidente-director. El director del hospital no tendría otros superiores que el responsable de la Agencia Regional de Salud, por el que ha sido propuesto. Es decir, nos encontraríamos ante una cadena jerárquica vertical. La tarificación de los actos sería similar en los sectores privado y público (como si las patologías y la continuidad de los cuidados fuesen comparables).

 El pensamiento mercantil de esta ley reduce lo cualitativo a lo cuantitativo, el enfermo a la tarifa de su enfermedad. La solución es simple: hay que gestionar el hospital como una empresa, introduciendo más actividad privada; mutualizar (por no decir cerrar) los servicios y acelerar la transferencia de las actividades rentables hacia el sector privado. Es decir: entregar el hospital público al sector privado. El proyecto de ley se propone también acelerar el cierre de hospitales de proximidad (son 250 los directamente amenazados) y la supresión masiva e injustificada de empleos de enfermería y de cuidadores mediante la creación de “comunidades hospitalarias de territorio”. Para los profesionales de la salud, esta mercantilización de la sanidad es inaceptable. Denuncian que la convergencia entre el sector público hospitalario y el sector privado se realizará esencialmente con criterios de rentabilidad financiera, en detrimento de los enfermos no rentables y reclaman que se retire el proyecto en su totalidad. El hospital público se suele ocupar de las urgencias y de los casos de tratamiento más difícil y, por lo tanto, más caro, y que suelen ser rechazados por los establecimientos privados. Por esa razón, los hospitales reciben por acto cerca del 30 % más de la Seguridad Social que las clínicas. La convergencia prevista por la nueva ley prevé el mismo porcentaje para ambas entidades, lo cual significaría el fin de los hospitales públicos. La Federación de Hospitales de Francia considera que, si se aplica la convergencia de lo público y lo privado, se producirá un reducción del 30 % de los presupuestos de los hospitales hasta 2012. El descontento es tal que ha puesto a todos de acuerdo, y movilizado en varias ocasiones a lo largo de estos meses, a médicos, personal sanitario, sindicatos, partidos de izquierda y asociaciones de consumidores, para denunciar una ley que, so pretexto de modernizar, lo que pretende es privatizar la sanidad.

El 29 de enero hubo manifestaciones masivas solicitando la retirada de la ley y la apertura de un debate para modernizar y financiar el sistema sanitario. Y también hubo una importante movilización el 28 de abril. El mensaje es claro: hay que parar esta empresa ultraliberal de desmantelamiento de la sanidad. El Nouvel Observateur publicó a finales de abril una declaración de 25 grandes catedráticos de los hospitales públicos franceses en la que denunciaban el proyecto de reforma de R. Bachelot, basado, según ellos, no en la salud, sino en la rentabilidad, y para el que la preocupación central no es el enfermo, sino la cuenta de explotación del hospital. El proyecto médico no puede basarse, a su modo de ver, en la rentabilidad, sino en las necesidades de la población, la evolución previsible de los grandes temas de sanidad pública, el avance de los conocimientos y los progresos tecnológicos. Hace falta una financiación propia del hospital que tenga en cuenta la innovación, la onerosidad de las patologías, la precariedad. Y esta ley es destructiva e injusta. En vísperas del examen de la ley por el Senado, el 11 de mayo, Nicolas Sarkozy trató de suavizar la polémica con algunas concesiones en lo relativo al gobierno de los hospitales, mediante la creación de una dirección colegial, que siguen pareciendo insuficientes a los profesionales de la medicina. Bachelot ha encontrado serias dificultades a la hora de debatir el proyecto en el Senado, cuyo examen se ha prolongado hasta el 29 de mayo. La confusión reina también en la Asamblea Nacional. Los otros aspectos del proyecto ley, relacionados con la salud de los jóvenes (alcohol, tabaco o cannabis), están siendo también objeto de crítica.

En estos dos artículos publicados entre el día 27 de mayo y el 2de junio, Miguel Jara repasa las pandemias olvidadas por la prensa y la OMS y las pandemias y epidemias de un laboratorio farmacéutico. Comparen lo que Miguel Jara dice con otras "declaraciones oficiales" que van circulando por los medios:

La Consellera Marina Geli anuncia a bombo i plateret que pensa tenir aprovada per aquest estiu la Llei de Salut Pública. No sabem quin és el text que en aquest moment s'apropa més a la versió definitiva (desprès de sentir totes les persones expertes i les entitats socials cridades a donar la seva opinió, però com a Dempeus per la salut pública sí voldríem remarcar tres punts que semblen essencials:

1.- Que cada vegada que es menciona com a “proveïdor” una empresa externa o “tercera” entenem que s'està parlant d' externalització i nosaltres demanem que digui: empresa proveidora que ha de ser preferentment pública, o si més no, del "tercer sector". En qualsevol cas, entenem que ha de ser una empresa no mercantil, és a dir:   SENSE AFANY DE LUCRE.

 2.- Que cada cop que parla de “Participació”, nosaltres demanem que digui: PARTICIPACIÓ SOCIAL, sense la qual no es pot parlar de  SALUT PÚBLICA, i que ha de permetre i garantir la màxima transparència i la possibilitat de  CONTROL per part de la ciutadania organitzada, mitjançant associacions i entitats socials. Les posteriors disposicions normativas i de reglamentació territorial han de preveure la incorporació de suficients i acreditats representants de la societat civil organitzada i dotats de capacitats consultives i dispositives, i no ser tan sols receptors d'informació...

 3.-  A més, perquè la Llei no es quedi en les seves disposicions positives en una mera declaració d'intencions, en paper mullat sense recursos que les facin efectives, caldrà que els Pressupostos de la Generalitat continguin les partides necessàries, en la seguretat que les inversions en promoció i prevenció de la salut són demostradament rendibles, tant des d'una perspectiva econòmica i social com (de manera especial) en termes d'equitat i disminucio de les desigualtats. 

Per tant, volem fer ben explícita la nostra concepció fonamental de que els RECURSOS PÚBLICS  han de ser emprats en  SERVEIS PÚBLICS, i no "distreure's" en circuits de mercat, privats o externalitzats.

No ens agradaria gens que d'aquesta Llei --en lloc d'eliminar-- donès peu a  una més gran privatització del sector de la salut, i en canvi, aquelles disposicions que poden significar una millora quedessin en paper mullat, en un nou intent de  burlar  la sobirania del Parlament.... perquè,  ja que hi som, Consellera: què hi ha del compliment de la Resolució 203/VIII del Parlament de Catalunya per a un millor tractament de la fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica???? 

En base a los Fundamentos científicos de las intervenciones aportados por la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS sobre la responsabilidad del mercado en la salud, podemos leer:

"La salud no es un producto comercial. Se trata de un derecho y de un deber del sector público. Por ese motivo, los recursos destinados a la salud deben repartirse de forma equitativa y ser universales. Hay tres cuestiones importantes que están relacionadas entre sí. En primer lugar, la experiencia muestra que la comercialización de bienes sociales esenciales, tales como la educación y la atención médica genera inequidad sanitaria. La prestación de tales bienes sociales esenciales ha de estar regida por el sector público, y no por la ley del mercado. En segundo lugar, el sector público ha de tomar las riendas para poder garantizar una reglamentación nacional e internacional eficaz de los productos, actividades y circunstancias que perjudican la salud o generan desigualdades sanitaras. Estos dos imperativos conllevan un tercero: la evaluación periódica y competente de los efectos de la equidad sanitaria de todas las políticas formuladas y de la regulación del mercado debe institucionalizarse a nivel nacional e internacional.

La Comisión considera que determinados bienes y servicios, tales como el acceso a agua potable o a la asistencia sanitaria, forman parte de las necesidades básicas del ser humano y la sociedad. Dichos bienes deben estar a disposición de todo el mundo, con independencia de su capacidad de pago. Por tanto, en estos casos, ha de ser el sector público, y no el mercado, quien garantice una oferta y un acceso adecuados.

Para garantizar el suministro de bienes y servicios esenciales para la salud y el bienestar, como el agua, la atención de salud y unas condiciones de trabajo dignas, y controlar la circulación de los productos perjudiciales para la salud (como el tabaco y el alcohol) el sector público ha de tener un firme liderazgo. Muy a menudo las condiciones laborales y de trabajo --en muchos países, ricos y pobres-- son desiguales, insalubres, peligrosas y generan explotación. Habida cuenta de la importancia de disfrutar de buenas condiciones laborales y de trabajo para tener una población y una economía saludables, el sector público ha de tomar las riendas a la hora de garantizar el cumplimiento progresivo de las normas laborales internacionales y apoyar el crecimiento de las microempresas.(...)

La función directiva del sector público no elimina la responsabilidad y la capacidad de otros actores: la sociedad civil y el sector privado. Los actores del sector privado son influyentes y pueden contribuir en gran medida a la equidad sanitaria mundial. No obstante, hasta la fecha, iniciativas como las emprendidas en el marco de la responsabilidad social empresarial han tenido un efecto real limitado. Es posible que la responsabilidad social empresarial sea una vía eficaz para avanzar, pero hacen falta datos concluyentes que lo demuestren (...)".

Y desde la sociedad civil, formando parte de la organización Dempeus per la salut pública que defiende el sector público de salud, quisiera añadir que no sólo coincido con la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud en que NO hay datos sobre la eficacia del sector privado, sino que cada vez son más las pruebas --procedentes de todo el mundo donde se produce la privatización de la salud--  que abundan y demuestran todo lo contrario.

Ver, al respecto:
Industria farmacéutica privada y salud pública
Ley Bachelot: el ataque a la salud en Francia
Consecuencias de la privatización sanitaria.
Les polítiques privatitzadores de salut fan pudor!

Dice el refrán que se atrapa primero a un mentiroso que a un cojo. Y el refrán viene a cuento por las declaraciones hechas hace apenas unos días por la patronal de clínicas y hospitales privados, Mutuas y administradores de la sanidad pública sobre el "duro" impacto de la crisis en el sector de la salud. Lo comentamos en Salud en tiempos de crisis: un reto difícil para la mayoría y una oportunidad para los poderosos.

Sin embargo, hoy podemos leer en el bloc Dempeus per la salut pública una entrada muy interesante y reveladora sobre el crecimiento del volumen de negocios de las clínicas privadas en el año 2008. La facturación de dichos establecimientos sanitarios consiguió un incremento del 7% con respecto al 2007, lo cual supone 5.500 millones de euros, de los cuales correspondería en concreto a ingresos por convenio con aseguradoras el 62% del total, con una cifra de 3.415 millones de euros.

Tampoco fue menor el volumen de negocio de los conciertos públicos, con un aumento del 6,6% en 2008, y unas cifras absolutas de 1.450 millones de euros que representan el 26% del total.

Vistas dichos importes ¿de qué se quejaban los administradores y propietarios de las clínicas privadas en Barcelona, donde además el sistema mixto está especialmente arraigado? No nos dan cifras de beneficios (lo cual nos induce a pensar que han crecido en la misma o mayor porporción que los ingresos) pero anuncian que las previsiones para el 2009 "apuntan a una tasa de variación del mercado de alrededor del 4%, hasta el entorno de los 5.700 millones de euros, mientras que en el año siguiente podría registrarse un ligero repunte, hasta el 5%."

No son estas previsiones de crecimiento que permitan dudar de la rentabilidad del sector... en especial si continúan las políticas privatizadoras en plan salvaje --como en la Comunidad de Madrid-- o en plan melifluo --como en Catalunya. Lo cual nos lleva a la viñeta de El Roto y a que nos preguntemos ¿no será especialmente maligno, doloroso y de inequidad manifiesta este crecimiento de la sanidad privada?

Poc a poc va guanyant terreny la concepció de que les polítiques de salut han de ser transversals. A la presentació de l'Informe de la Comissió sobre Determinants Socials de la Salut (que podeu trobar en el post anterior) la seva necessitat va quedar molt palesa, i la Ministra de Sanitat ho va entomar amb determinació. Sembla com si poc a poc conceptes fonamentals per a una bona formació, aplicació i valoració de les polítiques que més afecten la vida quotidiana s'anessin transformant en un sentit positiu que, a la vegada, les fa més properes, més democràtiques (en el sentit de l'abast i les vies de participació política que obren) i molt més efectives.

L'antecedent immediant és la transversalitat de les polítiques de gènere. No és encara un objectiu plenament aconseguit, però poc a poc es va imposant. Com a mínim, ja no és políticament correcte dubtar del biaix de gènere de la nostra societat, l'economia que la governa i els valors tradicionals que cal anar canviant per a millorar la qualitat democràtica de la vida. Manca la seva traducció concreta a moltes mesures que es prenen des dels diferents nivells de govern, però s'ha avançat de forma important en la recollida de dades estadístiques que, com a mínim, ens ajuda a fer-mos més visibles com a dones, i en lleis per a la igualtat que ajuden a compensar l'impacte de gènere d'altres decisions polítiques, socials i econòmiques que encara són "cegues" des d'un punt de vista de gènere.

Ara el pas cap a la transversalitat s'està donant en el camp de la salut, i no hi ha dubte que també des del gènere --per les mateixes funcions de cura tant assumides per les dones-- és un avanç important. Encara que ja fa molt de temps que des dels sectors socialment més conscients s'està insistint en aquesta visió, finalment, la proposta sembla obrir-se pas en les instàncies des d'on es determinen les directrius de les polítiques de salut. I així, es reconeix que per a portar a terme les prioritats fonamentals que entenen la salut molt més enllà de "l'absència de malaltia" els responsables de les polítiques de treball, de gènere, d'agricultura, sobre el medi, i naturalment, d'economia i hisenda, hi havien d'estar profundament implicats. I tant de bo així sigui, perquè és massa superficial, a hores d'ara, parlar de polítiques laborals sense mencionar les seves repercusions sobre vida i salut, o parlar de la introducció de determinats cultius o de polítiques urbanístiques i sobre el medi sense valorar-ne les seves conseqüències a mig i llarg termini sobre les taxes de morbilitat.

El mal exemple de Catalunya

Tot el contrari del que passa a Catalunya, i en donaré dos exemples del que en podríem anomenar --des de la transversalitat i el nou enfocament-- "mala praxis": fa poc temps, i en una de les moltes vegades que va decebre de nou la negociació amb Madrid sobre el finançament, el conseller Castells va demanar reunió urgent de la Comissió Vilardell per retallar despeses en el sector sanitari. Aquesta és la transversalitat "al revès", o sia, la salut al servei de l'economia --quan hauria de ser tot el contrari, perquè la salut de les persones --i els serveis públics de salut públics, de qualitat i universals-- han de tenir prioritat sobre les estrafolàries normes neoliberals --imposades de manera interessada-- i que condueixen economia i societat cap a la crisi. I l'altre exemple del que no s'ha de fer és el que passa amb el "compliment" de la Resolució 203/VIII per a un millor tractament de la fibromiàlgia i la SFC: NO habilitar en el seu moment les partides econòmiques necessàries en els Pressupostos de la Generalitat. (Ara, amb presses per complir la Resolució, o com a mínim fer-ho veure, les tensions recauen sobre l'esforç i la voluntat d'uns bons professionals que s'han d'enginyar i tensionar per a la creació d'unes Unitats per a les que no hi ha un mínim finançament.)

Esperem que aquesta "nova" concepció transversal de la salut faci canviar algunes coses... i ben aviat. Perquè és del tot incompatible amb aquest sistema del màxim guany privat a costa --també, i sobre tot-- de la salut de les persones.

Avui Dempeus per la salut pública s'ha presentat a les Jornades d'Experiències i Necessitats en participació ciutadana en Salut organitzades pel CAPS. Vull reflexionar sobre algunes de les coses que he vist i sentit --en especial l'experiència del "pacient expert"--  però en els 10 minuts que hem parlat sí que hem volgut deixar clar que tant en la nostra experiència en la gestació i tramitació de la ILP per un millor tractament de la Fibromiàlgia i la Síndrome de la Fatiga Crònica, com en el grau de compliment (més aviat d'incompliment ) de la Resolució, com en altres experiències viscudes en defensa de la salut pública, havíem pogut comprobar que hi havia dues maneres de viure i d'acceptar-se socialment i políticament la participació en salut: ben rebuda quan aquesta participació es feia empenyent a favor de la corrent, o especialment difícil i feixuga quan la participació qüestionada els models i les polítiques establertes, encara que en els dos casos es pretenguès el mateix: una societat més democràtica i una vida millor per a les persones malaltes.

També hem volgut deixar clar la nostra preocupació per les declaracions fetes ahir pel dr. Miquel Vilardell a la trobada feta a  Caixa Catalunya per les Mútues, clíniques privades i públiques i establiments hospitalaris i que era presidit pel lema de "Crisi econòmica i social: reptes i oportunitats". Sobre aquesta idea especialment tendenciosa, des de Dempeus hem afirmat que si els reptes per obtenir una vida mínimament acceptable per a les persones amb malalties cròniques ja eren el nostre pà de cada dia en temps normals, s'agreujaven molt més en temps de crisi sense que hi trobessim res de positiu, sinò tot el contrari. I pel que fa les oportunitats, és tan sols el sector privat el que les aprofita retallant els serveis més  rendibles del sector públic per al seu benefici privat... Per això el Dr. Vilardell va tornar a parlar de copagaments (en el nostre llenguatge: repagaments) i de que s'havia de revisar "la cartera de serveis" del sector públic i veure si seguia fent-se càrrec de determinades prestacions "que no tenen eficàcia provada" ...

Personalment m'esgarrifa que els serveis de salut s'assimilin a "carteres de serveis" en un llenguatge empresarial que no toca ni s'adiu en temes especialment sensibles com aquest. Però a més, comfirma el que com a Dempeus ja vàrem afirmar fa temps: que moltes malalties cròniques --i especialment la fibromiàlgia i la SFC-- eren unes bones dispensadores de rendes per a les consultes privades  (per no parlar d'alguns laboratoris) i que seria especialment difícil  que el sector públic de salut les atengui amb qualitat i dignitat si entra en conxorxa (com està fent) amb el sector privat, malgrat el que determina la Resolució 203/VIII. El Dr. Vilardell pot dubtar --potser una mica massa interessadament-- de si l'atenció pública és "eficaç" o no al tractar aquestes malalties, però ningú dubta --ni tampoc el Dr. Vilardell-- de la seva rendibilitat per a clíniques i consultes privades, augmentant la desigualtat en l'accès a la salut de les persones malaltes.

En el torn de preguntes se m'ha dit que el Dr. Vilardell parlava a títol privat. Però és difícil acceptar-ho quan és l'autor de l'Informe Vilardell --del que en podeu llegir dues crítiques rellevants: la de Clara Valverde i la del excel.lent metge i millor amic Antoni Barbarà -- i un destacat assessor del Departament de Salut i de la seva Consellera.

Avui en fa un any que moltes dones i homes amb il•lusió, carregades d'arguments i de pancartes, decidides a esperar tota l'estona que fes falta, i a posar-nos dempeus per defensar la nostra salut i una millor atenció sanitària, vàrem anar a raure al Parlament de Catalunya. Entre tots i totes havíem recollit molts suports, moltes signatures --teníem l'aval de la raó i unes mancances que tota la societat coneix. Havíem aconseguit que els continguts de la ILP no sortissin malmesos d'unes negociacions especialment difícils. Fa un any varen aconseguir, amb orgull i alegria compartits, que els arguments fonamentals de la Iniciativa Legislativa Popular per la que veníem lluitant entressin a la política per la porta gran.

Fa un any vàrem demostrar que creiem en el gran esforç personal i col•lectiu de la participació política, però també va quedar clar que ens creiem la democràcia participativa fins al final: fins al control --no sols parlamentari, sinó de tots i totes-- sobre el compliment de la paraula donada... I fins a la denúncia pública si no es complien els acords.

És greu --i en algunes societats inadmissible-- que un polític no compleixi els seus compromisos perquè devalua la confiança en un sistema democràtic que ha costat massa d'aconseguir... però si el que es defrauda és un compromís amb persones malaltes i els familiars d'aquestes persones --tota aquesta gent que pateix i s'esforça cada dia de la seva vida per aconseguir una millor atenció, un alleugeriment, un tracte digne dins el sector públic de salut-- aleshores no sols en pateix la democràcia, sinó que es pot arribar a posar en dubte que la política (tal com es practica en aquest casos) sigui compatible amb un tracte humà. Quan es confon posar-se al SERVEI PÚBLIC amb SERVIR-SE de les persones s'està tolerant una manera de viure en col•lectiu que converteix l’administració pública en un circ on es tergiversen les necessitats reals i on treuen tots els premis els mediocres espavilats i fins i tot els corruptes.

Les dones malaltes a la que la societat fa invisibles ens hem convertit en protagonistes del nostre dret a una millor atenció en el servei públic de salut. No hem de tolerar més vexacions, ni més insinuacions de mala baba sobre el nostre pes, la qualitat de la nostra vida sexual, ni que siguem indefectiblement carn de psiquiatria pel masclisme que ha arrelat en alguns especialistes i la seva incapacitat manifesta per entendre i investigar la Fibromiàlgia, la Síndrome de la Fatiga Crònica i ara, a més la Sensibilitat Química Múltiple. Les dones que hem treballat tota la vida no acceptarem que se’ns negui el nostre dret a una pensió o a un subsidi d’invalidesa digne perquè se’ns escatimen uns informes mèdics de qualitat o perquè es considera que les rendes de la dona són subsidiàries --en una mentalitat androcèntrica i ben endarrerida.. Nosaltres volem viure –tot i la nostra malaltia—en un futur d’igualtat, d’autonomia, i que garanteixi per a tota la societat la SALUT com aquella manera de viure feliç, autònoma, harmònica amb un mateix/una mateixa i el seu entorn...

Nosaltres esperarem, insistirem perquè es compleixi la Resolució 203/VIII en els seus termes i en l'esperit que la va inspirar... no tolerarem burles ni oblidarem els nostres drets ni el que tant ens va costar d’aconseguir. Tenim poc per perdre... Quan algú de nosaltres hagi de descansar, una altra persona ocuparà el seu lloc, i amb la mateixa enteresa i el mateix convenciment. Som com una cooperativa plural de dones i homes que sabem el que volem i el que ens pertany. I les forces que tenim –poques o moltes-- les administrarem amb cura per aconseguir que es compleixi la paraula que se’ns va donar, avui fa un any!

Una mica d'història gràfica: