punts de vista

Cuando la economía domina la política no sólo se subvierte la democracia: las políticas públicas se hacen ajenas a las personas y sus necesidades. Por ejemplo, el paro se considera un desajuste económico menos importante que la inflación y no se duda en mantener miles de personas en la precariedad o sin contrato de trabajo para reducir algún punto el nivel de precios. Los salarios que permiten un nivel de vida digno se declaran incompatibles con incrementos de beneficios de dos dígitos, y la “competitividad” empresarial se antepone a las personas, aceptando y difundiendo la falacia de que la equidad es antagonista del crecimiento económico. Y junto a ello, la noticia de que uno los sectores más rentables es, precisamente, el formado por las empresas privadas que se dedican a la salud en sus distintas modalidades.
Desde ópticas más pegadas al terreno es siempre más fácil cuestionar los aspectos de supuesta superioridad del mercado porque el deterioro ecológico y social se percibe con gran claridad (estragos de la especulación, contaminación de los paisajes de la infancia, vecindad con el paro, la enfermedad mal tratada, la violencia, la marginación). Las mujeres, como protagonistas colectivas, reaccionamos mucho antes ante las malas políticas y los fallos de mercado y de gobierno, porque tenemos mucho más que perder ante los talibanes del conservadurismo político, la religión o la empresa privada a cualquier coste. Como ejemplo baste que ¡a estas alturas de nuestra historia! nos vemos obligadas a desempolvar las viejas pancartas del derecho al aborto sin amenaza de Código Penal y remozar autoinculpaciones que deberían haber perdido hace mucho tiempo todo sentido.
Algo parecido está sucediendo con la sensibilidad de colectivos –en su mayor parte formados por mujeres— ante la manera de administrar enfermedades emergentes como la fibromialgia, la fatiga crónica y las hipersensibilidades químicas. Parecía fácil llegar a mejores soluciones en sanidad al asumir los gobiernos autonómicos la gestión de la salud, pero no puede ser así cuando a nivel autonómico se favorece también la economía privada con la privatización encubierta, engañando el derecho universal a un diagnóstico, seguimiento y tratamiento de calidad en la sanidad pública. Con este comportamiento que se justifica por su supuesta "eficacia" y "menores costes económicos" se contravienen las líneas básicas de desarrollo del bienestar de la población, se desalienta la participación política, se devalúa la descentralización de las políticas de salud y se convierte en una burla el control democrático de las mismas. El federalismo o incluso la descentralización autonómica cobran sentido si van más allá de una mera solución administrativa y de la gestión técnica. Por ello, parece de toda lógica que los distintos gobiernos que se reclaman de izquierdas, en cualquiera de sus niveles, no deberían proponer dilaciones ni poner obstáculos al derecho de las mujeres a controlar los procesos que afectan nuestro cuerpo, y a conseguir atención pública de calidad en diagnóstico y tratamiento de enfermedades como la fibromialgia o la fatiga crónica –aunque se trate de enfermedades emergentes y por tanto bastante desconocidas, y aunque la mayoría de afectadas seamos precisamente mujeres… Por una mayor calidad de vida. Por una mejor calidad de la democracia.