punts de vista

La delegación española en el Parlamento Europeo del grupo GUE/NGL (Izquierda Unida) ha elaborado un informe sobre la actual Directiva de Defensa Nacional 1/2004. Dicha Directiva es el marco estratégico donde se desarrolla nuestra defensa nacional, “la barra” donde “cuelgan” todas las leyes previstas relativas a la organización de la defensa nacional, el volumen de fuerza, los diferentes sistemas de armas y el gasto militar necesario. Dada su importancia IU defiende que corresponda a las Cortes Generales su elaboración y aprobación y no como hasta ahora, que es competencia exclusiva del Presidente del Gobierno. Hasta la llegada al gobierno del PP (1996), la directiva se consideraba incluso un documento clasificado y, por tanto, ni siquiera se comunicaba a las Cortes Generales. En la Directiva actualmente vigente se reconoce que "los atentados de Nueva York, Madrid o Beslan han evidenciado que, frente a los nuevos riesgos y amenazas, la superioridad militar tradicional no constituye un factor de disuasión eficaz, ni garantiza más seguridad automáticamente. Tampoco asegura una prevención efectiva contra ataques terroristas, ni evita el riesgo de proliferación de armas de destrucción masiva”. Reconocida esa realidad, parece importante anteponer un nuevo sistema de seguridad que permita la transición a un sistema de seguridad desmilitarizado, sin alianzas militares, optando por el desarme y la prohibición y destrucción ecológica de todo el arsenal de armas de destrucción masiva, reduciendo los ejércitos nacionales y el gasto militar.

La respuesta al terrorismo debería encomendarse al “espacio civil”, al policial, a los servicios de inteligencia, así como al poder judicial desde una concepción garante de los derechos civiles. Este nuevo sistema debería también dar respuesta al primer motivo de inseguridad en el mundo: el hambre y la pobreza. Sin embargo, se opta por un sistema continuista donde "la lucha contra el terrorismo es clave en la estrategia de las organizaciones internacionales de seguridad y defensa", ya que la seguridad europea "es compatible con una relación transatlántica robusta y equilibrada (…) Los aliados de ambos lados del Atlántico compartimos y defendemos los mismo principios y valores (...) España es un aliado firme y comprometido con la Alianza Atlántica, que además mantiene una relación estrecha y consolidada con los EE.UU." y añade: "debemos estar en condiciones de poder participar con determinados países, si así se decidiese, para el desarrollo de capacidades militares mas exigentes".  La actuación de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior requerirá el cumplimiento de una decisión previa de Naciones Unidas “o, en su caso, de otra organización multinacional de las que España forma parte", es decir, la OTAN.

 Rodríguez  Zapatero y el PSOE votaron cuando estaban todavía en la oposición a favor de la actualización y renovación del Tratado Bilateral en relación a las bases de Rota y Morón aumentando sus capacidades militares y permitiendo la actuación de sus servicios de inteligencia.  La apuesta por la OTAN y las bases norteamericanas  ha tenido como consecuencia el apoyo decidido del gobierno a la militarización de la Unión Europea, con la militarización de la seguridad que caracteriza la política exterior de la administración Bush, y que constituye un salto atrás de civilización en favor de la barbarie. Con esta política se justifican el recorte de derechos civiles y las actuaciones ilegales, como la tortura y centros de internamientos al margen de la ley. La respuesta a este caos diseñado es el aumento del gasto militar y las agrupaciones regionales militares. En el 2006, por primera vez, el gasto militar superó las cifras récord de la guerra fría. Y la tendencia continúa, puesto que el gasto militar global alcanzará este año la cifra de 834.000 millones de euros, quince veces más de lo que se gasta anualmente en ayuda internacional. De manera gráfica, esta cifra significa un 2,5% del PIB mundial, o lo que es lo mismo, un promedio de 223 euros per cápita (mientras que hoy cerca de 1.200 millones de personas tienen una renta inferior a un euro). Como consecuencia de este crecimiento de los presupuestos militares se ha generado un boom en la industria armamentística. Las 100 mayores empresas de armas incrementaron sus ventas un 70%, pasando de 123.000 millones de euros en el año 2000 a los 211.000 en el 2004.  

(Extractos del Documento elaborado en enero del 2008 por la Delegación española de Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Nórdica.)